Ley 21.659 de Seguridad Privada: guía para empresas

¿Qué es la Ley 21.659?

La Ley 21.659 de Seguridad Privada entró en vigencia el 28 de noviembre de 2025 y reúne en un solo cuerpo normativo reglas que antes estaban dispersas. Su objetivo es profesionalizar el sector y coordinar mejor la seguridad privada con la seguridad pública.

El cambio más visible es la autoridad: la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) pasa a ser el ente regulador y fiscalizador, en lugar de Carabineros. La SPD autoriza a las empresas de seguridad, aprueba los estudios de seguridad, administra el Registro de Seguridad Privada y sanciona las infracciones.

¿Su empresa está obligada?

La ley deja de tratar a todas las organizaciones por igual. La autoridad clasifica a las entidades según su nivel de riesgo, considerando entre otros factores las actividades que desarrollan, su ubicación, el valor de los bienes que manejan y la concurrencia de público. Bancos, instituciones financieras, transporte de valores y otras actividades con manejo de efectivo están entre las entidades obligadas.

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Los tres niveles de riesgo

Guardias de seguridad y vigilantes privados

La ley distingue dos figuras. Los guardias de seguridad no están autorizados para portar armas y pueden contratarse en cualquier entidad. Los vigilantes privados sí están autorizados para portar armas de fuego, pero solo en entidades clasificadas de riesgo alto. Para la mayoría de las empresas, condominios y recintos, lo que corresponde son guardias de seguridad.

Acreditación y capacitación del personal

• Las personas que cumplen funciones de seguridad privada deben acreditarse ante la Subsecretaría de Prevención del Delito, y ya no ante Carabineros.
• Los guardias deben completar su curso de formación, un perfeccionamiento cada cuatro años y especializaciones según la actividad, por ejemplo eventos masivos o fútbol profesional.
• Desde el 28 de noviembre de 2025, la capacitación en seguridad privada solo puede impartirla un organismo inscrito como OTEC y autorizado por la Subsecretaría.
• Los jefes de seguridad deben tener título profesional.

Plazos de implementación

• 6 meses para que las entidades obligadas presenten sus estudios de seguridad iniciales.
• 1 año para la puesta en marcha del Registro de Seguridad Privada.
• 2 años para completar la evaluación de las entidades que ya estaban obligadas.

Multas

Las sanciones son graduales y van desde 0,5 hasta 13.500 UTM, según la gravedad de la infracción y el tipo de infractor.

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Esta guía es informativa y resume los principales cambios de la ley; no reemplaza una asesoría para su caso. Fuentes: Subsecretaría de Prevención del Delito, La Tercera, SENCE y texto de la Ley 21.659. Actualizada el 8 de octubre de 2026.